23/09/2026 - “Decidieron quitarme la identidad científica”
El INTA quiere despedir a una científica que investiga los efectos de los agroquímicos
Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma del Conicet y desde la llegada de Javier Milei enfrenta una persecución en su contra. Ella encontró el uso de clorpirifos (un insecticida prohibido) en el 37,7% de los participantes locales.
La ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio, investigadora del INTA Balcarce y del CONICET, descubrió la presencia masiva y sistemática de plaguicidas y agroquímicos en cuerpos humanos, animales, alimentos y el medio ambiente en Argentina.Como coordinadora en Argentina del proyecto científico internacional SPRINT (financiado por la Unión Europea), lideró un relevamiento que analizó diversas matrices biológicas y ambientales.
Los hallazgos más destacados de su investigación arrojaron que los ciudadanos argentinos conviven y acumulan múltiples agroquímicos en sus organismos:En humanos: Se detectó la presencia de glifosato en el 86,1% de las personas muestreadas en Argentina (frente a un 35,2% en Europa), y se halló este herbicida en el 100% de las muestras de heces analizadas en la provincia de Buenos Aires.
También se encontró clorpirifos (un insecticida prohibido) en el 37,7% de los participantes locales.
Mezclas de plaguicidas: En el 100% de las personas analizadas en el país se encontró un rango de 2 a 10 plaguicidas diferentes combinados en sangre, orina, materia fecal e hisopos nasales.En el entorno cotidiano: Hallaron un rango de 43 a 86 plaguicidas en el polvo de los hogares y de 10 a 28 tipos de agroquímicos en cursos de agua superficial.
En alimentos y animales: Se reportaron combinaciones de entre 6 y 22 plaguicidas en alimentos para consumo humano, así como su presencia recurrente en muestras biológicas de animales y su ración de comida.Contexto actual: Debido a la gravedad y sensibilidad de estos descubrimientos, las autoridades del INTA suspendieron la difusión de los resultados en el país y retiraron a la Argentina del proyecto. La comunidad científica y agrupaciones ambientales denunciaron que la ingeniera Aparicio enfrenta persecución institucional y un sumario administrativo que busca su exoneración del organismo del Estado.Si te interesa profundizar, ¿te gustaría conocer más detalles sobre los métodos de muestreo que utilizó el Proyecto SPRINT o sobre la situación gremial y judicial actual de la investigadora?
Para justificar la decisión de retirarse del proyecto SPRINT y avanzar en un sumario administrativo que propone la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, las autoridades del INTA aducen argumentos formales y técnicos, mientras que los sectores gremiales y científicos sostienen que se trata de motivaciones políticas vinculadas a los intereses del agronegocio.
1. ¿Qué aducen las autoridades en el sumario administrativo contra la investigadora?El expediente formal impulsado por el directorio del INTA le imputa a la ingeniera un total de ocho cargos administrativos. Las acusaciones formales de las autoridades sostienen que la científica cometió faltas graves en el ejercicio de sus funciones como coordinadora:Perjuicio material al Estado nacional: Las autoridades le achacan haber provocado un grave perjuicio económico y material para la administración pública. (Nota: La defensa y el gremio APINTA rechazan esto de manera tajante, señalando que el proyecto fue enteramente financiado por fondos de la Unión Europea y rendido bajo las normas internacionales).Ocultamiento de información a superiores: El sumario argumenta que la investigadora salteó canales institucionales y no informó debidamente sobre las acciones del proyecto a las jerarquías superiores del organismo.Envío de muestras al exterior sin autorización: El INTA cuestiona que se hayan enviado matrices biológicas y ambientales argentinas a laboratorios europeos.
El equipo de investigación aclara que esto se debió estrictamente a que en Argentina no se contaba con la tecnología o los reactivos específicos dentro del organismo para medir el abanico completo de los más de 200 plaguicidas bajo los estándares del consorcio europeo.2. ¿Qué adujeron las autoridades para retirar a la Argentina del Proyecto SPRINT?La salida formal de la Argentina del consorcio internacional (firmada a fines de 2023 por el entonces presidente del INTA, Mariano Garmendia, a través de la Resolución 1081/2023) se justificó institucionalmente bajo los siguientes argumentos:Cuestionamientos al "enfoque europeo": Desde los sectores de conducción del INTA se argumentó que la metodología y el enfoque del proyecto respondían a la realidad y normativas de la Unión Europea, las cuales —según su criterio— no eran directamente aplicables o compatibles con el modelo productivo y extensivo de la agricultura en Argentina.Riesgo de "demonización" de la producción local: Existía un fuerte descontento y cuestionamiento interno respecto de que la difusión pública de esos datos "en crudo" se utilizara para estigmatizar la agricultura convencional. Las autoridades señalaron que medir la presencia de un compuesto en el organismo no equivale de forma lineal a demostrar un daño a la salud humana, por lo que la publicación de los hallazgos podía generar alarmismo social y un impacto negativo infundado sobre la economía agraria.El trasfondo denunciado por la comunidad científica y gremialTanto el gremio APINTA como el abogado defensor de Aparicio denuncian que las razones formales expuestas por las autoridades son "excusas burocráticas". Reconstrucciones periodísticas señalan que el Consejo Directivo del INTA (compuesto por miembros del sector público y representantes de entidades del campo como la Mesa de Enlace) cedió a fuertes presiones corporativas. El objetivo real del desplazamiento y la búsqueda de la exoneración —la sanción más severa del empleo público, que la inhabilitaría de por vida para el Estado— sería disciplinar y silenciar líneas de investigación ambientalmente sensibles que pongan en jaque la rentabilidad del modelo agroexportador
Los hallazgos más destacados de su investigación arrojaron que los ciudadanos argentinos conviven y acumulan múltiples agroquímicos en sus organismos:En humanos: Se detectó la presencia de glifosato en el 86,1% de las personas muestreadas en Argentina (frente a un 35,2% en Europa), y se halló este herbicida en el 100% de las muestras de heces analizadas en la provincia de Buenos Aires.
También se encontró clorpirifos (un insecticida prohibido) en el 37,7% de los participantes locales.
Mezclas de plaguicidas: En el 100% de las personas analizadas en el país se encontró un rango de 2 a 10 plaguicidas diferentes combinados en sangre, orina, materia fecal e hisopos nasales.En el entorno cotidiano: Hallaron un rango de 43 a 86 plaguicidas en el polvo de los hogares y de 10 a 28 tipos de agroquímicos en cursos de agua superficial.
En alimentos y animales: Se reportaron combinaciones de entre 6 y 22 plaguicidas en alimentos para consumo humano, así como su presencia recurrente en muestras biológicas de animales y su ración de comida.Contexto actual: Debido a la gravedad y sensibilidad de estos descubrimientos, las autoridades del INTA suspendieron la difusión de los resultados en el país y retiraron a la Argentina del proyecto. La comunidad científica y agrupaciones ambientales denunciaron que la ingeniera Aparicio enfrenta persecución institucional y un sumario administrativo que busca su exoneración del organismo del Estado.Si te interesa profundizar, ¿te gustaría conocer más detalles sobre los métodos de muestreo que utilizó el Proyecto SPRINT o sobre la situación gremial y judicial actual de la investigadora?
Para justificar la decisión de retirarse del proyecto SPRINT y avanzar en un sumario administrativo que propone la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio, las autoridades del INTA aducen argumentos formales y técnicos, mientras que los sectores gremiales y científicos sostienen que se trata de motivaciones políticas vinculadas a los intereses del agronegocio.
1. ¿Qué aducen las autoridades en el sumario administrativo contra la investigadora?El expediente formal impulsado por el directorio del INTA le imputa a la ingeniera un total de ocho cargos administrativos. Las acusaciones formales de las autoridades sostienen que la científica cometió faltas graves en el ejercicio de sus funciones como coordinadora:Perjuicio material al Estado nacional: Las autoridades le achacan haber provocado un grave perjuicio económico y material para la administración pública. (Nota: La defensa y el gremio APINTA rechazan esto de manera tajante, señalando que el proyecto fue enteramente financiado por fondos de la Unión Europea y rendido bajo las normas internacionales).Ocultamiento de información a superiores: El sumario argumenta que la investigadora salteó canales institucionales y no informó debidamente sobre las acciones del proyecto a las jerarquías superiores del organismo.Envío de muestras al exterior sin autorización: El INTA cuestiona que se hayan enviado matrices biológicas y ambientales argentinas a laboratorios europeos.
El equipo de investigación aclara que esto se debió estrictamente a que en Argentina no se contaba con la tecnología o los reactivos específicos dentro del organismo para medir el abanico completo de los más de 200 plaguicidas bajo los estándares del consorcio europeo.2. ¿Qué adujeron las autoridades para retirar a la Argentina del Proyecto SPRINT?La salida formal de la Argentina del consorcio internacional (firmada a fines de 2023 por el entonces presidente del INTA, Mariano Garmendia, a través de la Resolución 1081/2023) se justificó institucionalmente bajo los siguientes argumentos:Cuestionamientos al "enfoque europeo": Desde los sectores de conducción del INTA se argumentó que la metodología y el enfoque del proyecto respondían a la realidad y normativas de la Unión Europea, las cuales —según su criterio— no eran directamente aplicables o compatibles con el modelo productivo y extensivo de la agricultura en Argentina.Riesgo de "demonización" de la producción local: Existía un fuerte descontento y cuestionamiento interno respecto de que la difusión pública de esos datos "en crudo" se utilizara para estigmatizar la agricultura convencional. Las autoridades señalaron que medir la presencia de un compuesto en el organismo no equivale de forma lineal a demostrar un daño a la salud humana, por lo que la publicación de los hallazgos podía generar alarmismo social y un impacto negativo infundado sobre la economía agraria.El trasfondo denunciado por la comunidad científica y gremialTanto el gremio APINTA como el abogado defensor de Aparicio denuncian que las razones formales expuestas por las autoridades son "excusas burocráticas". Reconstrucciones periodísticas señalan que el Consejo Directivo del INTA (compuesto por miembros del sector público y representantes de entidades del campo como la Mesa de Enlace) cedió a fuertes presiones corporativas. El objetivo real del desplazamiento y la búsqueda de la exoneración —la sanción más severa del empleo público, que la inhabilitaría de por vida para el Estado— sería disciplinar y silenciar líneas de investigación ambientalmente sensibles que pongan en jaque la rentabilidad del modelo agroexportador
